Exigencia ciudadana con la “Ley Richard”, piden penas más severas para menores infractores en Jalisco, Ricardo Barba fue asesinado por un menor de 16 años.
Familiares, amigos y ciudadanos se manifestaron en las calles del centro de Guadalajara para exigir justicia por el asesinato de Ricardo Barba Sánchez, un joven de 18 años privado de la vida a principios de este mes durante un asalto en el municipio de Zapopan.
La movilización, que comenzó en las inmediaciones del Parque Revolución avanzó de manera pacífica hacia las instalaciones del Congreso del Estado de Jalisco.
El objetivo principal de la marcha es impulsar una iniciativa de reforma legal denominada “Ley Richard”, la cual busca modificar el sistema de justicia penal para adolescentes en el estado.
Ricardo Barba Sánchez fue asesinado el pasado 4 de mayo de 2026 en Zapopan en el contexto de un robo. Por este crimen se encuentra detenido un adolescente de 16 años, presunto responsable del homicidio.
La indignación de la familia radica en que, bajo el marco jurídico vigente para menores de edad en México, las sanciones de internamiento resultan limitadas y no corresponden a la gravedad de un delito de alto impacto como el homicidio calificado.
Por ello, los manifestantes exigen formalmente que el señalado sea procesado y castigado con el rigor aplicable a un adulto.
Al arribar al Congreso local, los contingentes portaron pancartas y lanzaron consignas orientadas a visibilizar los vacíos legales que, según argumentan, dejan desprotegidas a las víctimas de la delincuencia violenta.
Los representantes de la marcha hicieron entrega formal de su petición a los legisladores para abrir un debate urgente sobre el alcance y aumento de las penas de internamiento para menores involucrados en delitos graves.
La revisión de las medidas de reinserción social actuales, al considerarlas insuficientes ante conductas criminales de alta peligrosidad.
Hasta el momento, los familiares han manifestado que mantendrán las movilizaciones y la presión social hasta obtener un compromiso claro por parte de las autoridades y los diputados locales para reformar la legislación penal juvenil.
