Una jueza de Jalisco vinculó a proceso a Daniel “N”, un agente vial que solicitó 15 mil pesos a un automovilista para no enviar su auto al corralón. La víctima solo logró reunir 6 mil pesos y otros 850 pesos al operador de la grúa.
Guadalajara, Jalisco.— El agente de tránsito Daniel “N”, adscrito a la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad, fue vinculado a proceso por el delito de cohecho, tras ser acusado de exigir una “mordida” de 15 mil pesos a un conductor en el municipio de Tonalá, a cambio de no enviar su vehículo al corralón.
La resolución fue dictada por la Jueza Primero de Control y Oralidad, Susana Azzaid Betancourt Flores, quien estableció que el servidor público incurrió en el delito previsto en el Código Penal de Jalisco, al solicitar dinero indebidamente en el ejercicio de sus funciones. Como medidas cautelares, el policía deberá firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS) durante seis meses, tiene prohibido salir del país y no podrá acercarse a la víctima ni a los testigos del caso.
Los hechos ocurrieron sobre la avenida Tikal, al cruce con Cihualpilli, donde el agente detuvo a un automovilista argumentando que una de las placas del vehículo estaba oculta. Posteriormente, solicitó una grúa y pidió al conductor el pago de 15 mil pesos para evitar el traslado del auto. La víctima sólo pudo reunir seis mil pesos, los cuales entregó al oficial, además de otros 850 pesos que dio al operador de la grúa.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que derivó en una carpeta de investigación. Aunque en la audiencia inicial realizada en agosto de 2024 el juez desestimó la vinculación, la Fiscalía apeló la decisión y, en febrero de este año, la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado revocó la resolución.
Gracias a dicha sentencia, se repuso la audiencia este lunes en los juzgados de Puente Grande, donde finalmente se logró la vinculación a proceso del agente vial, marcando un avance significativo en el combate a los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.
