La Fiscalía de Chihuahua investiga el hallazgo de 383 cuerpos en condiciones insalubres en un crematorio de Ciudad Juárez. Hay dos detenidos y seis funerarias involucradas. Autoridades señalan que las funerarias cobraron el servicio de cremación, pero los cuerpos nunca fueron procesados.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua investiga un caso que ha causado alarma nacional: el hallazgo de aproximadamente 383 cuerpos acumulados sin cremar en el crematorio “Plenitud”, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, a las afueras de Ciudad Juárez. El descubrimiento ocurrió la noche del 26 de junio, tras una denuncia ciudadana al 911 que alertaba sobre olores nauseabundos en el área.
De acuerdo con las autoridades, los cuerpos —algunos con hasta cuatro años de antigüedad— estaban apilados dentro de bolsas negras, colocados en distintas habitaciones del inmueble y en al menos una carroza fúnebre estacionada en el patio. El sitio fue descrito como insalubre, con grasa corporal en el suelo, documentos dispersos y restos humanos sobre escritorios. Algunos cadáveres se encontraron en condiciones que impiden su identificación.
El fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, informó que seis funerarias mantenían contratos con el crematorio Plenitud: Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno. Documentación hallada en el lugar confirma la relación comercial con estas empresas. El funcionario señaló que no será necesaria la identificación únicamente a través de familiares, ya que existen registros y documentación que podrían facilitar el proceso.
Aunque las funerarias implicadas cobraron por el servicio de cremación, los cuerpos nunca fueron procesados. En cambio, quedaron almacenados en condiciones inadecuadas. El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), Luis Carlos Tarín, indicó que los cuerpos estaban “perfectamente embalsamados” y que las sanciones se aplicarán únicamente a los responsables directos, no a las empresas subcontratantes.
Por este caso fueron detenidos José Luis Arellano Cuarón, propietario del crematorio, y Facundo Martínez Robledo, empleado del mismo. Ambos enfrentarán cargos por inhumación indebida y uso ilícito de cuerpos, conforme a lo establecido en el Código Penal y en la Ley General de Salud.
El fiscal regional, Carlos Manuel Salas, explicó que los restos humanos estaban acompañados de actas de defunción y otros documentos legales, pero reconoció que la situación se salió de control debido a que el crematorio operaba con capacidad limitada, lo que provocó una saturación progresiva del lugar.
Mientras continúan las investigaciones, varias familias ya han comenzado a acercarse a las funerarias para verificar si las cenizas entregadas corresponden a sus seres queridos o para reclamar cuerpos pendientes. Las autoridades mantienen los restos en una unidad refrigerada y han reiterado su compromiso de esclarecer el caso, determinar responsabilidades y garantizar el respeto a la dignidad de los fallecidos.
