El Senado de la República avanza en la aprobación de una reforma constitucional que pone fin a siete organismos autónomos, entre ellos el INAI, el IFT y la Cofece. La medida ha generado controversia y ha sido criticada por diversos sectores de la sociedad.
En una votación polarizada, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron este miércoles una reforma constitucional que simplifica la estructura orgánica del Estado y, como consecuencia, elimina siete organismos autónomos.
La reforma, que fue respaldada con 25 votos a favor, principalmente de Morena y sus aliados, y 11 en contra, establece la desaparición de instituciones fundamentales como:
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Las funciones de estos organismos serán absorbidas por otras dependencias gubernamentales, como la Secretaría de la Función Pública, que se encargará de las tareas que antes realizaba el INAI.
La senadora del PRI, Carolina Viaggiano, expresó su rechazo a esta reforma, argumentando que el INAI ha sido una pieza clave para garantizar el derecho de los ciudadanos a la información y ha contribuido a esclarecer casos de gran relevancia nacional, como Ayotzinapa, Tlatlaya y la guardería ABC.
Viaggiano destacó que el INAI ha gestionado millones de solicitudes de información y ha resuelto miles de quejas, fortaleciendo así la transparencia y la rendición de cuentas en el país. Además, resaltó el papel fundamental del instituto en la protección de los datos personales y en la defensa de los derechos humanos.
La aprobación de esta reforma ha generado un intenso debate a nivel nacional, ya que diversos sectores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y expertos han expresado su preocupación por las implicaciones que esta medida podría tener para la democracia, la transparencia y el equilibrio de poderes en México.
Los críticos de la reforma argumentan que la desaparición de estos organismos autónomos debilitará las instituciones y facilitará la concentración del poder en el Ejecutivo, poniendo en riesgo los derechos de los ciudadanos y la calidad de las políticas públicas.
Por su parte, los defensores de la reforma aseguran que esta medida es necesaria para simplificar la estructura del Estado y reducir la burocracia, además de permitir una mayor coordinación entre las diferentes dependencias gubernamentales.
