Tres exelementos fueron vinculados a proceso por amenazas y cohecho, mientras que un agente activo permanece en prisión preventiva por una investigación relacionada con la presunta venta de armas.
La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que cuatro integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) enfrentan procedimientos judiciales por su presunta participación en actos de corrupción, amenazas y una investigación relacionada con la posible venta de armas de uso exclusivo del Ejército a integrantes de una red delictiva.
En uno de los casos, Gustavo Alonso “N”, Luis Armando “N” y Roberto “N”, exagentes de la corporación, fueron vinculados a proceso por los presuntos delitos de amenazas y cohecho. De acuerdo con la Fiscalía, los tres eran investigados por posibles vínculos con grupos criminales y por delitos contra la seguridad pública. Durante las diligencias realizadas el pasado 3 de junio, presuntamente intentaron detener las investigaciones al amenazar de muerte a los agentes y ofrecerles 15 mil pesos para que dejaran de indagar.
Tras la audiencia, un juez determinó que Gustavo Alonso “N” y Luis Armando “N” enfrentarán el proceso en libertad condicionada, con la obligación de firmar periódicamente, cubrir una garantía económica de 10 mil pesos, mantenerse suspendidos de sus funciones y no acercarse a la Fiscalía ni a las víctimas. En contraste, Roberto “N” permanecerá en prisión preventiva justificada al considerar la autoridad judicial que existe riesgo de obstaculizar el proceso.
En un procedimiento distinto, la Fiscalía imputó a Francisco Javier “N”, agente activo de la AIC, por el delito de cohecho dentro de una investigación sobre la presunta venta de armas de uso exclusivo del Ejército a una persona vinculada con una organización delictiva. Según la autoridad, durante una diligencia realizada el 9 de junio el elemento habría ofrecido dinero a los investigadores para impedir el desarrollo de las actuaciones ministeriales, por lo que fue detenido en flagrancia. Mientras continúa el proceso judicial, el imputado permanecerá en prisión preventiva justificada.
