Intentan embargar oficinas de Morena en Jalisco por adeudos laborales, ex trabajadores que fueron despedidos durante pandemia no han recibido su indemnización tras casi cinco años.
La mañana de este jueves, las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco, ubicadas en la avenida España, fueron escenario de una diligencia judicial de embargo.
La acción fue promovida por ex trabajadores del partido que demandaron el incumplimiento de pagos de finiquitos y salarios caídos desde hace cinco años.
Funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje arribaron al inmueble para ejecutar la sentencia derivada de un juicio laboral. Según los reportes, el conflicto se remonta a la gestión de Hugo Rodríguez Díaz, periodo en el que varios empleados fueron despedidos sin recibir la indemnización correspondiente.
El adeudo involucra a tres ex empleados que se negaron a aceptar las propuestas de liquidación previas, calificándolas de insuficientes.
Durante el operativo, el personal del partido inicialmente negó el acceso a las autoridades laborales, lo que generó momentos de tensión documentados por los propios demandantes en redes sociales.
Tras el intento de ejecución, la Dirección Jurídica del partido en el estado, encabezada por Marcelino Pérez Cardiel, intervino para frenar el aseguramiento de bienes.
El partido informó que el Comité Ejecutivo Nacional ya autorizó la liberación de los recursos necesarios a través de su Secretaría de Finanzas.
Morena atribuyó el retraso a “rezagos de administraciones anteriores” y a cambios constantes en las áreas directivas que dificultaron el seguimiento de los laudos.
Se reportó que, tras un diálogo in situ, el partido se comprometió a liquidar el adeudo de forma inmediata para evitar que las instalaciones fueran cerradas o que se procediera al congelamiento de cuentas bancarias.
Los afectados denunciaron públicamente que, durante la pandemia de COVID-19, la dirigencia estatal suspendió pagos de manera unilateral. Además, señalaron irregularidades en la nómina, acusando la existencia de “aviadores” o personas que cobraban sin radicar en el estado, mientras que el personal operativo era despedido injustificadamente.
Con el pago de estos últimos tres laudos, el partido busca cerrar un capítulo legal que ha afectado su imagen en la entidad durante los últimos años.
En materia laboral, el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo faculta a los actuarios para solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper cerraduras en caso de que se niegue el acceso para practicar un embargo legalmente ordenado.
