Una operación marítima llevada a cabo por elementos de la Marina, Defensa, FGR, GN y SSPC llevó al aseguramiento de una embarcación “LPV” o semisumergible con 179 bultos (4 toneladas) de presunta cocaína, además de la detención de tres tripulantes.
Un semisumergible fue asegurado en altamar con 179 bultos de presunta droga y tres tripulantes a bordo, en un operativo coordinado por fuerzas federales frente a las costas de Colima. Se trata de la tercera embarcación de este tipo interceptada en la presente administración.
La acción fue encabezada por la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina en mares mexicanos, en Manzanillo, Colima, personal de la Armada de México @SEMAR_mx interceptaron un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de cocaína y… pic.twitter.com/SqFRAGZykD
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 19, 2026
El aseguramiento ocurrió a más de 250 millas náuticas, es decir, aproximadamente 463 kilómetros al sur-suroeste del puerto de Manzanillo. La embarcación, identificada como de Bajo Perfil (LPV, por sus siglas en inglés), navegaba con una carga compuesta por 179 bultos de distintas dimensiones, que representarían aproximadamente 4 toneladas de posible cocaína. El peso oficial será determinado por las autoridades ministeriales al momento de su arribo a puerto.
Para concretar la intercepción, se desplegó una patrulla oceánica que efectuó el aseguramiento directo, apoyada por dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras. Las autoridades destacaron que la operación contó con información de inteligencia proporcionada por el Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH) de Estados Unidos.
Los tres tripulantes fueron detenidos y notificados de sus derechos. Tanto las personas como la embarcación y la carga quedaron a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica una vez que la nave ingrese a puerto.
