Operativos federales dieron como resultado el desmantelamiento de cinco narcolaboratorios; al menos dos de ellos operaban bajo el mando de “El Jardinero”. Estos aseguramientos representan una afectación al crimen organizado de más de 650 millones de pesos.
Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, desmantelaron cinco narcolaboratorios dedicados a la elaboración de drogas sintéticas en Jalisco, Nayarit y Sinaloa. De acuerdo con las autoridades, al menos dos de estos centros clandestinos estaban relacionados con operaciones encabezadas por Audias “N”, alias “El Jardinero”, identificado como operador de alto nivel de un grupo criminal.
Uno de los aseguramientos se realizó en El Saucillo, Jalisco, donde las fuerzas federales localizaron un laboratorio con cerca de 600 kilos de droga terminada, 750 litros de precursores químicos y más de 425 kilos de sustancias sólidas utilizadas para la fabricación de narcóticos. En otro operativo, efectuado en las inmediaciones de El Capomo, Nayarit, se aseguraron 780 kilos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida.
En seguimiento a las acciones para combatir la producción de drogas, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico desmantelaron cinco laboratorios clandestinos en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.
En estas acciones se aseguró más de una tonelada de metanfetamina; además, se… pic.twitter.com/H1LJ8jvPhk
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 17, 2026
Las acciones también incluyeron intervenciones en Corralejo y Corral Viejo, donde las autoridades encontraron grandes cantidades de químicos y herramientas para la producción de drogas sintéticas. Entre lo decomisado destacan miles de litros de sustancias de uso dual, ácido acético, metanol y precursores químicos, además de sosa cáustica, cloruro de amonio, ácido tartárico, ollas y recipientes industriales empleados en la fabricación clandestina.
Todo el material asegurado fue inutilizado para impedir su reutilización y quedó bajo resguardo del Ministerio Público. Las autoridades estimaron que el impacto económico para las organizaciones criminales supera los 650 millones de pesos, derivado de los operativos realizados en los tres estados.
