La agente enfrenta cargos por abuso de autoridad y omisiones en un caso de violencia familiar. Como medidas cautelares, no podrá salir del país, tiene prohibido acercarse a la víctima y deberá acudir mensualmente a firmar.
Una policía investigadora es vinculada a proceso por no realizar su trabajo en una denuncia por violencia familiar y lesiones, luego de que un juez determinara que incurrió en omisiones graves durante la investigación.
Eréndira Esmeralda “N”, adscrita a la Unidad para la Investigación de Delitos contra Mujeres y Delitos en Razón de Género de la Fiscalía del Estado de Jalisco, enfrentará proceso penal por abuso de autoridad y por delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público.
La resolución se dictó el 11 de febrero en los juzgados de Puente Grande, donde la Jueza Primera de Control y Oralidad, Susana Azzaid Betancourt, consideró que existían elementos suficientes para iniciar el procedimiento judicial. Entre las conductas atribuidas se encuentra haber “ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la del Estado”, así como procurar impunidad al abstenerse de denunciar o entorpecer la investigación de delitos.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en diciembre de 2023. La agente recibió la instrucción de realizar diversos actos de investigación tras una denuncia por violencia familiar y lesiones. Sin embargo, informó por escrito que no logró contactar a la víctima y que no pudo ingresar al lugar de los hechos, aunque las indagatorias posteriores señalaron que esas diligencias no se llevaron a cabo conforme a lo ordenado.
Ante la falta de avances, la víctima acudió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Tras la apertura de una investigación, la autoridad anticorrupción concluyó que la servidora pública no entrevistó a la persona denunciante ni realizó las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos.
Como medidas cautelares, la imputada no podrá salir del país sin autorización judicial, tiene prohibido acercarse a la víctima o a su domicilio y deberá acudir a firmar mensualmente ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares durante los próximos seis meses.
La vinculación a proceso no implica una sentencia, por lo que la funcionaria mantiene su presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad.
