Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y socio del certamen Miss Universo, ingresó al programa de testigos protegidos tras la orden de aprehensión emitida por la FGR por presuntos vínculos con actividades ilícitas.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene bajo investigación a Raúl Rocha Cantú, copropietario del 50% de las acciones de Miss Universo, por su presunta participación en una compleja red dedicada al tráfico de hidrocarburos y armas, además de posibles vínculos con grupos criminales. El empresario se incorporó recientemente al programa de testigos protegidos, luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra.
La revelación fue difundida inicialmente por el periodista Carlos Loret de Mola en su cuenta de X, donde afirmó que “el dueño de Miss Universo se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco”. Esta versión coincide con la publicación del diario Reforma, que detalló que la causa penal 495/2025 fue formalizada el 15 de noviembre.
De acuerdo con las investigaciones citadas por ambos medios, la FGR atribuye a Rocha Cantú delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico ilegal de hidrocarburos y armamento. El 19 de noviembre, el empresario fue reconocido legalmente como testigo colaborador, lo que implica proporcionar información clave a cambio de beneficios procesales.
La indagatoria apunta a que la red, presuntamente encabezada por Rocha Cantú, habría implementado un sistema de robo y traslado de combustible desde Guatemala hacia México. Dicho combustible era recibido en instalaciones ubicadas en Querétaro, como la bodega “La Espuela”, dentro del complejo Ferropolymers. Ahí llegaban carro-tanques con hidrocarburos ilícitos, que eran mezclados con aditivos como MTBE y nafta en otro punto denominado “El Patio” para modificar su composición.
El producto terminado se distribuía a empresas como AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA, respaldado con facturación generada por supuestas compañías fachada, entre ellas Tabasco Capital, S.A. de C.V., y PTIH. Según el reporte, la documentación era fabricada para simular operaciones legales y evadir controles fiscales y aduaneros.
Respecto al tráfico de armas, las autoridades detectaron una red de compañías de seguridad privada utilizadas para adquirir, trasladar y rematricular armamento de forma irregular. Entre ellas figuran SEGURIMEX, SETER, Servicios Especializados de Investigación y Custodia, Servicios Integrales Valbon y Dinámica Seguridad Privada Consultores. La investigación señala que dichas empresas intercambiaban armas con apoyo de exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El expediente cita que “la empresa SETER fue utilizada para abastecer de armas al Grupo Sombra en Veracruz y a integrantes del Cártel del Golfo en Tamaulipas, incluyendo a ‘El Cape’, ‘El Loco’ y ‘El M’”. El proceso incluía la rematriculación del armamento con registros oficiales de la SEDENA, con la intención de otorgarles una apariencia legal.
La investigación continúa en curso y, de acuerdo con los documentos divulgados, Rocha Cantú ya coopera con las autoridades federales para detallar el funcionamiento interno de estas operaciones.
