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Expolicías de Jocotepec obtienen suspensión condicional por pedir ‘mordida’

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Un Juez decidió que los expolicías solo pagarán 2 mil 500 pesos a la víctima, pese a las objeciones de la Fiscalía Anticorrupción, que buscaba una reparación simbólica mayor. Los expolicías habían solicitado a la víctima 17 mil pesos.

La suspensión condicional del proceso fue otorgada a dos expolicías de Jocotepec acusados de solicitar dinero a un ciudadano y a su familia, luego de que un juez aprobó un acuerdo económico que la Fiscalía Anticorrupción consideró insuficiente para reparar el daño causado a la sociedad.

Durante la audiencia celebrada en el Quinto Distrito Judicial, el juez Arturo González Santana avaló que Hugo Enrique “N” y Héctor Alfonso “N” cubrieran $2,500 pesos como compensación a la víctima. La Fiscalía especializada se manifestó en desacuerdo, pues había pedido que se fijara una aportación de $7,000 pesos como reparación simbólica a la sociedad, argumentando que el monto propuesto por la defensa no reflejaba el impacto que este tipo de conductas tiene en la confianza pública.

A pesar de ello, el juzgador determinó que la suspensión procedía y fijó varias condiciones para los próximos seis meses: los imputados deberán vivir en un domicilio establecido, cumplir 200 horas de servicio social en la policía procesal del distrito y abstenerse de acercarse o contactar a la víctima o a sus familiares por cualquier medio. Además, ambos reconocieron su responsabilidad y ofrecieron una disculpa pública durante la audiencia.

El caso inició en septiembre de 2023, cuando los entonces policías acudieron al domicilio de un joven para entregarle una notificación relacionada con una denuncia promovida por su expareja. Meses después, regresaron y le solicitaron $2,500 pesos, asegurando que podían ayudarle “como abogados”. La madre del afectado entregó el dinero.

Semanas más tarde, volvieron al domicilio y pidieron $17,000 pesos adicionales con la promesa de resolver “el problema legal”. La familiar del joven registró en video aquel intento, rechazó pagar y denunció la presión e intimidación de los agentes, lo que dio origen al proceso penal.

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