La Fiscalía busca esclarecer acusaciones ligadas al narcotráfico y la presencia de agentes estadounidenses en operativos realizados en Chihuahua. Ambos mandatarios aseguraron que asistirán a comparecer, aunque en el caso de Maru Campos, señaló que existe persecución política.
La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros funcionarios y mandos policiales señalados en Estados Unidos por presuntos nexos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. La investigación surge tras una acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 ciudadanos mexicanos originarios de la entidad sinaloense.
En paralelo, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, también fue requerida por la FGR, aunque en un expediente distinto relacionado con la presencia de presuntos agentes de seguridad de Estados Unidos en un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal, Chihuahua, realizado en abril pasado. Durante ese despliegue murieron dos agentes estadounidenses presuntamente vinculados a la CIA, además de dos funcionarios mexicanos, lo que detonó investigaciones federales por posibles violaciones a la legislación de seguridad nacional.
La FGR confirmó que abrió dos carpetas de investigación por el caso Chihuahua: una por el laboratorio clandestino y otra enfocada en la participación de extranjeros en el operativo. Las autoridades federales buscan determinar si existió autorización legal para la intervención de agentes estadounidenses en territorio mexicano, debido a que la Constitución establece que cualquier colaboración internacional en materia de seguridad debe contar con aval federal.
Maru Campos confirmó que acudirá a comparecer el próximo 27 de mayo en calidad de testigo y aseguró que siempre ha dado la cara ante las autoridades. Posteriormente, acusó una presunta persecución política del gobierno federal. En tanto, Rocha Moya sostuvo que atenderá el citatorio “con la frente en alto” y afirmó que no tiene nada que ocultar. Ambos casos han elevado la tensión política entre gobiernos estatales y la federación, además de reavivar el debate sobre la cooperación de agencias estadounidenses en México.
