Tras los tres feminicidios registrados en menos de dos semanas en Puerto Vallarta, el Ayuntamiento emitió un comunicado donde condena la violencia contra las mujeres, pero el mensaje se percibe como una justificación más que una respuesta. En lugar de asumir con claridad la gravedad de lo que está ocurriendo, el gobierno se limita a repetir que sus funciones son preventivas.
En su posicionamiento, el gobierno municipal insiste en que “la seguridad es tarea de todos” y que las investigaciones corresponden a la Fiscalía, pero con ello termina por deslindar su responsabilidad y repartirla también hacia la ciudadanía y deja una pregunta abierta: ¿cómo se puede hablar de seguridad compartida cuando ni siquiera se está garantizando lo básico en protección y prevención?
El comunicado también incluye un desglose de más de 76 millones de pesos en seguridad, destinados según la autoridad a patrullas, radios y equipamiento operativo, aunque en la práctica queda la duda de dónde termina ese dinero, porque en la calle los resultados no siempre se ven como en las cifras del papel.
Dentro del paquete de inversión en seguridad, el Ayuntamiento reporta la compra de 35 unidades vehiculares por alrededor de 28 millones de pesos, la apertura de 2 academias para formar cerca de 80 nuevos elementos con 2.8 millones de pesos, y la adquisición de 300 radios portátiles y 60 móviles con una inversión aproximada de 15 millones de pesos.
También se incluyen acciones como Código Violeta y “Pulsos de Vida”, donde se adquirieron 10 dispositivos por cerca de 1.2 millones de pesos, además de 21 equipos adicionales, uniformes para la corporación por unos 14 millones de pesos y el proyecto de la Academia de Policía con alrededor de 15 millones de pesos, junto con el seguimiento a 184 medidas de protección en el periodo señalado.
De esta manera, el mensaje se limita a enumerar recursos y programas sin mostrar resultados claros frente al aumento de feminicidios en el municipio, lo que deja ver una estrategia de Luis Munguía rebasada en materia de seguridad en Puerto Vallarta, donde el problema es que este discurso se volvió una constante en una ciudad que antes tenía buena imagen a nivel internacional, pero que hoy parece derrumbarse.
Y así, el gobierno responde con explicaciones sobre sus límites legales y sin resultados visibles, en lo que algunos ya llaman los “grandes años” de Luis Munguía, donde tras casi tres años de gestión, con feminicidios, robos y homicidios en aumento, la pregunta es inevitable: ¿cómo va a dejar realmente el municipio frente a esta violencia que no se detiene?
