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Proponen clasificar la extorsión como delito grave

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La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presenta una iniciativa de reforma constitucional para clasificar la extorsión como delito grave o de alto impacto en México.

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ha anunciado una iniciativa de reforma constitucional con el propósito de clasificar la extorsión como delito grave o de alto impacto en México. Esta medida surge como respuesta al aumento alarmante de casos de extorsión en el país, un delito que genera preocupación por sus consecuencias en la seguridad y el patrimonio de la sociedad.

Durante la explicación de la iniciativa, Rodríguez señaló que el proyecto contempla diversas modalidades de extorsión, como el engaño telefónico, amenazas telefónicas, montachoques, montadeudas, exigencia bancaria, cobro de piso y monopolios en la distribución de productos.

La funcionaria destacó que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha registrado un aumento del 7.7 por ciento en la comisión de este delito en enero de este año, en comparación con el mismo mes de 2023.

La propuesta de reforma incluye modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y al Código Penal Federal, con el objetivo de evitar que los delincuentes obtengan su libertad con facilidad. Se busca trasladar la extorsión de un delito patrimonial a uno contra la seguridad e integridad de las personas, lo que implicaría el aumento de las penas contra los extorsionadores.

Rodríguez enfatizó que estas modificaciones permitirán desmantelar y llevar a proceso a los grupos delictivos que se organizan para cometer extorsiones. Además, se prevé sancionar conductas específicas relacionadas con la extorsión, como el engaño telefónico o las ofertas de premios vinculadas a este delito.

La funcionaria expresó su confianza en que los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión aprueben esta iniciativa, que busca garantizar el bienestar y la protección de la población, así como la reparación del daño a las víctimas.

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