Dos hombres fueron acribillados la noche de este martes en el cruce del bulevar Sánchez Alonso y la calle Economía, en el sector Tres Ríos.

Según la información recabada en el lugar del crimen, dos hombres de aspecto joven se encontraban dentro de una camioneta Honda gris estacionada cuando, supuestamente, otra camioneta blanca se detuvo detrás, desde la que dispararon con rifles AR-15 y AK-47.

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Se mencionó que una de las víctimas les hizo frente a los agresores con un arma corta, pero su cuerpo quedó tendido en el suelo junto a la Honda; el otro cadáver quedó en el interior de la unidad, en el asiento del lconductor.

Hasta el momento, ninguno de los dos sujetos ha sido identificado.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron a llevar a cabo las diligencias correspondientes en la escena del crimen, donde hallaron más de 250 casquillos percutidos. (Con información de Debate)

El presidente firma decreto para declarar el 17 de mayo el Día Nacional de la Lucha Contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto en favor de las libertades y los derechos de la comunidad de la diversidad sexual para declarar el 17 de mayo el Día Nacional de la Lucha Contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario destacó que en la actual administración se busca hacer frente a la discriminación y garantizar los derechos de todos los mexicanos, esto como parte de una democracia.

“Daremos a conocer acciones en contra de la homofobia, en contra de la discriminación, en contra de los crímenes de odio. Estamos construyendo una auténtica democracia y el sustento principal de la transformación es el garantizar las libertades a todos los mexicanos”, aseguró.

Destacó que las medidas implementadas por su administración, a poco más de 5 meses de haber iniciado, tienen la intención de combatir la discriminación y los crímenes de odio, pues consideró que “no es una cuestión de tolerancia, sino de respeto a las libertades y derechos”.

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Al respecto, la titular del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Alexandra Haas, destacó el actual gobierno representará a todas las personas, de todas las orientaciones e identidades de género y presentó una serie de acciones en favor de la comunidad Lésbico-Gay-Bisexual-Trangénero-Travesti-transexual-Intersexual-Queer (LGBTTTIQ).

• Servicios de salud dignos
• Inclusión laboral
• Reforzamiento de la norma mexicana de igualdad y no discriminación
• Sistema escolar inclusivo y respetuoso de las identidades
• Aplicación de las procuradurías del protocolo de actuación contra crímenes de odio
• Matrimonio igualitario en cualquier consulado de México

Aseguró que, al momento, con esta serie de acciones se busca eliminar la discriminación que impide que las personas ejerzan sus derechos plenamente. (Con información de Excelsior)

Entre 2017 y 2018 la Corte ordenó el inicio de 36 procedimientos disciplinarios contra jueces, magistrados y secretarios federales, de los cuales siete involucran a funcionarios de Jalisco

Desde el sexenio pasado los casos de corrupción, colusión de funcionarios con delincuencia organizada, nepotismo, acoso sexual y hostigamiento laboral, entre otros, han hecho del circuito judicial de Jalisco el dolor de cabeza del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Por ello, la administración del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha enfocado en solucionar los problemas que presenta el Tercer Circuito, ubicado en Jalisco.

A finales de 2018, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió un mapa en el que se identificaron los estados del país donde hay indicios de corrupción por parte de jueces y magistrados federales.

Un documento entregado al pleno del CJF por el entonces ministro presidente de la Corte, detalla que las entidades señaladas como “focos rojos” son Jalisco, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas.

Se ha puesto más énfasis en el circuito de Jalisco, que se ha considerado foco rojo desde la administración del ministro en retiro Juan Silva Meza(2011-2014), quien ante los constantes reportes de casos de corrupción ordenó investigar a funcionarios judiciales.

Esto significó la readscripción o inicio de procedimientos disciplinarios contra jueces, magistrados, secretarios y otros funcionarios adscritos a juzgados y tribunales federales en Jalisco; muchas fueron impugnadas y resueltas por la Corte.

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Fuentes federales confirmaron que el pleno del CJF también ha solicitado la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para identificar posibles anomalías en los ingresos de los funcionarios.

En abril pasado, el senador Ricardo Monreal envió un escrito al ministro presidente de la Suprema Corte en el que afirmó que el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, titular del Sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, tiene autos de lujo, inmuebles que exceden los 10 millones de pesos, que se reunió con familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG, y que concedió un amparo en el que ordenó la liberación del hijo de éste, quien estaba acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El magistrado fue reubicado a un tribunal federal en Chilpancingo, Guerrero.

Las fuentes consultadas explicaron que en los casos en los que los funcionarios señalados por posibles actos de corrupción han sido reubicados, como ocurrió con el magistrado Avelar, todavía no se ha reunido evidencia suficiente para notificarles formalmente el inicio de una investigación en su contra.

Así, entre 2011 y 2014 los funcionarios de Jalisco presentaron 16 recursos de revisión, de los cuales cuatro no prosperaron. El resto de los recursos prosperaron y las resoluciones emitidas en pleno y salas ordenaron justificar las readscripciones, regresar a los jueces o magistrados a sus cargos en Jalisco, invalidar destituciones o aplicar sanciones mínimas.

Entre 2017 y 2018 la Corte ordenó el inicio de 36 procedimientos disciplinarios contra jueces, magistrados y secretarios federales, de los cuales siete involucran a funcionarios de Jalisco; cuatro han presentado recursos de revisión. (Con información de El Universal)