Nayarit castigará el abandono de adultos mayores con hasta cuatro años de prisión y multas, tras una reforma aprobada por el Congreso.
El Congreso de Nayarit aprobó una reforma al Código Penal estatal para sancionar a quienes abandonen a personas adultas mayores que estén bajo su cuidado. Las penas podrán alcanzar cuatro años de prisión y de 50 a 100 días de multa, cuando quienes tienen la obligación legal de atenderlas las dejen en situación de desamparo y pongan en riesgo su integridad física o psicológica.
La iniciativa fue presentada por la diputada Marisol Sánchez Navarro y establece expresamente a las personas adultas mayores como posibles víctimas del delito de abandono. Además, la reforma contempla sanciones de hasta 5 años de prisión para quienes cometan este delito, mientras que el abandono de niñas, niños, adolescentes o personas enfermas que necesitan asistencia podrá castigarse con tres medes a cuatro años de cárcel y la suspensión de hasta 5 años de los derechos de patria potestad o tutela.
Durante la misma jornada legislativa, las y los diputados aprobaron disposiciones relacionadas con la obligación de brindar apoyo económico a familiares que lo necesiten.
Entre los cambios se reconoce a padres, madres y abuelo como personas con derecho a recibir alimentos, además de establecer que quienes acumulen más de 30 días sin pagar la pensión alimenticia podrán ingresar al Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
En otra resolución, el Congreso avaló una reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte para garantizar que niñas y niños tengan las mismas oportunidades para realizar ejercicio, jugar y practicar deportes en las escuelas, sin discriminación por género, discapacidad o habilidades físicas. La propuesta fue presentada por el diputado Luis Daniel Pérez Lerma.
Asimismo, se declaró la aprobación de una reforma constitucional estatal en materia de simplificación administrativa y digitalización, respaldada por 15 municipios. El objetivo es reducir trámites complicados y tiempos de espera, así como facilitar el acceso de la población a los servicios del Gobierno.
