Ejidatarios de siete comunidades acusaron presiones para entregar predios costeros según un reporte del medio Excelsior; el gobernador sostiene que recupera bienes públicos transferidos irregularmente mediante el Mega Operativo.

La gestión del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, enfrenta al fin de su sexenio cuestionamientos por la información disponible sobre su patrimonio, el operativo para recuperar terrenos costeros y una resolución judicial que señalo el incumplimiento de un amparo. Son asuntos distintos: los reportajes, entre ellos uno del Excelsior, recogen denuncias de ciudadanos, mientras que las autoridades defienden la recuperación de bienes y el tribunal plantea consecuencias por una sentencia que no se habría cumplido.

Navarro militó en el PRI entre 1976 y 2005 y ese año se incorporó al PRD para competir por la gubernatura. En 2018 llegó al Senado con Morena y en septiembre de 2021 asumió el gobierno estatal. Una investigación publicada por La Razón indicó que la declaración patrimonial de modificación presentada en 2025 no detallaba bienes inmuebles, vehículos, cuentas, inversiones ni adeudos. La falta de esos datos en el formato público no demuestra por sí sola que exista patrimonio oculto.

El reportaje de Excélsior sobre los conflictos agrarios documenta testimonios de ejidatarios, campesinos y familiares de personas procesadas en comunidades de Bahía de Banderas y la Riviera Nayarit. Los entrevistados, varios de ellos bajo seudónimo, afirma que enfrentaron carpetas penales, detenciones o amenazas mientras disputaban predios con autoridades estatales y el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).

En un caso de Rincón de Guayabitos, una familia sostiene que conserva documentos de posesión de un terreno ocupado por décadas; relata que cuatro personas fueron detenidas durante una intervención en abril y permanecieron casi tres meses privadas de la libertad, hasta que resoluciones federales les permitieron continuar el proceso en libertad.

La Fiscalía estatal ofreció otra versión: dijo que el terreno pertenece al FIBBA y que las personas fueron acusadas de despojo, amenazas y agresiones. La propiedad y la legalidad de la intervención siguen en disputa. El conflicto tiene antecedentes en la expropiación de 4,136 hectáreas de ocho ejidos en 1970. Una reforma de 1973 estableció indemnizaciones y participación en las ganancias del desarrollo turístico; los ejidatarios entrevistados por Excélsior afirman que algunas familias no recibieron el pago completo y permanecieron en los terrenos.

En contraste, el gobierno estatal sostiene que su operativo busca recuperar patrimonio público objeto de transferencias irregulares. En noviembre de 2025, el gobierno y la FGR reportaron la recuperación de 9.6 millones de metros cuadrados, valorados oficialmente en unos 50 mil millones de pesos. Excélsior también publicó en enero de 2026 que un abogado de afectados hablaba de 87 casos; esa cifra corresponde a su declaración y no a un recuentro judicial independiente.

A estos cuestionamientos se suma una resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El tribunal concluyó que Navarro y el secretario de Administración y Finanzas incumplieron inexcusablemente una ejecutoria de amparo relacionada con descuentos a pensiones y propuso separarlos del cargo, remitiendo el expediente a la Suprema Corte. La propuesta no significa que hayan sido destituidos: Excélsior precisó que el gobernador seguía en funciones al publicarse la información.

Fuente: Tribunal federal exhibe desacato de Navarro Quintero y plantea separarlo del cargo

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