El Tribunal afirmó que el Tren Maya ha abonado a la contaminación de acuíferos, la deforestación con la tala de hasta 10 millones de árboles y la destrucción de cenotes.
El ambicioso proyecto del Tren Maya, considerado la obra insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de fuertes críticas y controversias desde su concepción. Este miércoles, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió un veredicto determinante, declarando que el Tren Maya vulnera los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya en el sur del país, lo que calificó como un ecocidio y un etnocidio.
El Tribunal, compuesto por juristas, economistas y ambientalistas internacionales, subrayó que el Tren Maya representa una violación a los derechos de la tierra a ser respetada, regenerar su biocapacidad y continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas. Asimismo, se destacó que el proyecto atenta contra el derecho al agua como fuente de vida, a la salud integral y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
La obra, que se prevé sea inaugurada en diciembre, abarcará 1.554 kilómetros de vías para un tren turístico, de carga y pasajeros locales en los estados del sureste de México: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Sin embargo, ha enfrentado acusaciones de devastación de la biodiversidad y el patrimonio cultural de la región, rica en humedales, cenotes, ríos subterráneos y selvas.
El veredicto del Tribunal señala diversas afectaciones causadas por el Tren Maya, como la contaminación de acuíferos, la deforestación con la tala de hasta 10 millones de árboles, la extinción de flora y fauna, así como la destrucción de cenotes. Además, denuncia la falta de consulta a las comunidades indígenas para permitir que la infraestructura atraviese sus territorios y la militarización de la región para supervisar el proyecto.
Ante los amparos presentados por organizaciones ambientalistas, el presidente López Obrador declaró el proyecto como de seguridad nacional e interés público, lo que limitó la transparencia y acceso a información sobre posibles irregularidades.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza exige al gobierno mexicano llevar a cabo una auditoría independiente en colaboración con las comunidades afectadas, para evaluar los impactos ambientales del Tren Maya. Asimismo, solicita la reparación y restauración de los ecosistemas afectados, y la suspensión de la expropiación de tierras ejidales.
El veredicto será entregado al presidente López Obrador y a instituciones clave como la Comisión Nacional de Derechos Humanos México (CNDH), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Estas instituciones deberán abordar las preocupaciones planteadas por el Tribunal y tomar acciones para proteger los derechos de la naturaleza y las comunidades indígenas afectadas por el Tren Maya.
