Luego del asesinato de Aristóteles Sandoval, legisladores proponen aumentar la cantidad de escoltas que protejan a ex funcionarios de alto nivel.

Con el argumento de que la reforma para limitar el número de escoltas asignados a ex funcionarios se aprobó sin estudios serios, la diputada priista Mariana Fernández anunció que presentará otra modificación en la materia para regresar la protección a los servidores públicos.

La iniciativa se da tras el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval, registrado hace un mes en un bar de Puerto Vallarta.

La legisladora priista afirmó que no busca un trato privilegiado a los ex funcionarios, sostuvo que la ley debe ser recíproca con las personas que han servido al Estado. También pidió que no se haga público cuántos elementos tienen asignados cada funcionario para “no entregarles a los delincuentes la información necesaria para planear sus ataques”.

Los actuales diputados aprobaron, el 5 de diciembre de 2018, la Ley del Servicio de Protección para el Estado y sus municipios para regular la asignación de escoltas oficiales a funcionarios y ex funcionarios públicos.

Se puso un tope al número de escoltas oficiales asignados a ex funcionarios, el máximo fue 18 elementos en el caso de ex gobernadores y ex fiscales; además de dos vehículos blindados

La reforma para regular el número de escoltas asignados a cada funcionario había sido aprobada por la anterior Legislatura, el 24 de agosto de 2017. El entonces gobernador, Aristóteles Sandoval, vetó esa modificación.