Aumenta el robo de este hidrocarburo, principalmente en siete Estados por donde cruza el ducto Cactus-Guadalajara
Entre los años 2012 y 2018 se detectaron 889 tomas clandestinas de gas LP por Petróleos Mexicanos (Pemex), 62 de ellos corresponden a Jalisco, que lo colocan como la cuarta Entidad con más ordeñas de este hidrocarburo, sólo por debajo de los Estados de México, Puebla y Querétaro, que han registrado 339, 259 y 87, respectivamente.
En los últimos años la alerta por la ordeña ilegal de combustible se había concentrado en el robo de diésel y gasolinas, pero el hurto de gas LP viene en aumento. Mientras en 2012 se registraron 71 en todo el país, el año pasado se duplicó a 167.
Desde el diciembre pasado los operativos del Ejército, el monitoreo y cierre de ductos han ocasionado que los ladrones de gasolina buscaran otro medio para seguir robando: la extracción ilegal de gas LP. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Energía del Senado, durante el año pasado, el ducto de gas licuado que va de Cactus en Tabasco a Guadalajara registró la mayor incidencia de ordeñas.
En México, el transporte por ductos de gas LP depende, en buena medida, del Sistema Nacional de Gas LP Cactus-Guadalajara, el más grande y que representa 67% de la capacidad total de transporte por este medio. Atraviesa siete Estados: Tabasco, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Querétaro y Jalisco. Por eso son los más afectados por el crimen organizado.
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En el recuento, entre 2012 y 2015, Jalisco se ubicó en los tres primeros lugares con el mayor número de ordeñas.
Según los empresarios tan sólo el año pasado, las pérdidas por el robo de gas licuado en el país representaron 13 mil millones de pesos, por lo que solicitan la intervención de la autoridad.
El senador agregó que pedirán la lista de compañías que se dedican a las reparaciones de las tomas clandestinas en general, pues se presume que podrían ser también responsables de las ordeñas.
Mientras tanto, esta semana podría abordarse el tema del robo de hidrocarburos en el Congreso de la Unión, con la intención de tipificar como grave este delito.
Por otra parte, las autoridades de Pemex deberán rendir cuentas también por los presuntos descuentos que se aplicaron a distribuidoras de gas LP de manera irregular por alrededor de 44 mil millones de pesos en el sexenio pasado, los cuales no se vieron reflejados en un beneficio para el consumidor. (Con información de Informador)
