Las dos policías viales son señaladas por pedir 6 mil pesos a un automovilista para no retirar su vehículo, el cual accedió a transferirles 5 mil pesos y posteriormente acudió a la Fiscalía para presentar su denuncia.
Una jueza de control resolvió vincular a proceso por cohecho a dos elementos de la Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, señaladas por presuntamente exigir dinero a un automovilista a cambio de no retirarle su vehículo en Zapopan.
En audiencia celebrada en los juzgados de Puente Grande, la Jueza Primera de Control y Oralidad, Susana Azzaid Betancourt, determinó que existen elementos suficientes para iniciar proceso penal contra Atenas Donaji “N” y Gabriela Guadalupe “N”. El delito que se les atribuye sanciona al servidor público que solicite dinero o cualquier dádiva, “para hacer o dejar de hacer algo relacionado a su empleo, cargo o comisión”, conforme al Código Penal del Estado de Jalisco.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en febrero de 2025, en el cruce de Avenida Patria y Boulevard Puerta de Hierro. Las oficiales marcaron el alto a un vehículo de alta gama al advertir que no portaba la placa delantera en el sitio correspondiente.
El conductor explicó que la unidad contaba con placas de demostración y que no era de su propiedad, ya que trabajaba en una agencia automotriz y realizaba recorridos de prueba. Tras revisar la documentación y confirmar que estaba en regla, las agentes le habrían indicado que podían retener el automóvil por la falta de la placa visible y le pidieron 6 mil pesos para permitirle retirarse.
Según la denuncia, ante la insistencia, el automovilista realizó una transferencia electrónica por 5 mil pesos. Posteriormente acudió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde presentó la querella que dio origen a la investigación.
Como medidas cautelares, la jueza ordenó que ambas imputadas no salgan del país sin autorización judicial, se abstengan de acercarse a víctimas y testigos o acudir a los lugares donde estos se encuentren, y firmen periódicamente ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares durante los próximos seis meses.
