Los cuatro reos que participaron en el violento motín y fuga del penal de Ixtapa en Puerto Vallarta fueron vinculados por diversos delitos entre ellos homicidio y evasión de presos.
Cuatro hombres señalados como presuntos responsables del motín y fuga ocurridos en el penal ubicado en la delegación de Ixtapa, en Puerto Vallarta, fueron vinculados a proceso penal por un juez de control, tras las investigaciones realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Regional.
Los imputados, identificados como José Refugio “N”, Sergio Alejandro “N”, Sergio “N” y José Alfredo “N”, enfrentan cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, evasión de presos y daño en las cosas.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 22 de febrero alrededor de las 8:47 horas, cuando se desató un ataque coordinado desde el interior y exterior del centro penitenciario.
Las indagatorias señalan que un vehículo blanco con vidrios polarizados llegó al acceso del reclusorio y desde su interior se realizaron disparos contra los custodios que se encontraban en la aduana vehicular, dejando a uno de ellos herido. Al mismo tiempo, dentro del penal se habría iniciado un motín presuntamente encabezado por los hoy imputados.
Durante el intento de fuga, los cuatro internos abordaron dos vehículos que se encontraban dentro del centro penitenciario. Al salir, embistieron a los custodios, incluido el que ya había resultado lesionado por arma de fuego y otro que intentaba auxiliarlo. Este último perdió la vida a consecuencia del impacto.
En su huida también provocaron daños a cuatro vehículos pertenecientes a la Secretaría de Administración del Estado.
Las autoridades lograron recapturar a los señalados tras un operativo coordinado entre distintas corporaciones, mientras que el Ministerio Público integró pruebas periciales y testimoniales que apuntan a su participación directa en los hechos.
Tras valorar los elementos presentados por la fiscalía, el juez determinó iniciar proceso penal en su contra y dictó prisión preventiva oficiosa por un año como medida cautelar. Además, ordenó su traslado a un complejo penitenciario de alta seguridad.
El órgano jurisdiccional fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
