Los elementos falsearon su informe policial al señalar una detención en flagrancia, pese a que la víctima indicó que el detenido no fue el responsable. La jueza impuso medidas cautelares.

Un caso de abuso de autoridad en Tlajomulco derivó en la vinculación a proceso de dos policías municipales señalados por detener a un hombre que no participó en el robo de una farmacia y por alterar su informe oficial.

La resolución se dictó el 17 de febrero de 2026 en los Juzgados de Puente Grande, donde la Jueza Primera de Control y Oralidad, Susana Azzaid Betancourt Flores, determinó iniciar proceso penal contra Karla Nohemí “N” y Julián “N”, integrantes de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco de Zúñiga.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los hechos se remontan a enero de 2025, cuando los agentes atendieron un reporte de asalto en una farmacia ubicada en la colonia Valle de los Encinos. En su informe, aseguraron que la detención se efectuó en flagrancia, tras una supuesta identificación directa por parte de la empleada del negocio.

Sin embargo, al día siguiente, la trabajadora acudió ante el Ministerio Público para aclarar que el hombre detenido no era quien la despojó del dinero. Posteriormente, durante la audiencia inicial del acusado, se evidenciaron inconsistencias en la versión presentada por los policías, lo que motivó que la jueza diera vista a la autoridad anticorrupción para abrir una carpeta de investigación.

Las indagatorias establecieron que los verdaderos responsables huyeron en motocicleta antes de la llegada de los uniformados. La dependiente describió al agresor como una persona morena, con barba y armado. Minutos después, los policías regresaron con un hombre de tez clara, rubio, de ojos azules y sin barba, y le pidieron que lo identificara como el asaltante, lo que ella rechazó en repetidas ocasiones.

A pesar de la negativa, los elementos lo pusieron a disposición de la autoridad judicial, acción que derivó en la vulneración de sus derechos y afectó también el acceso a la justicia del establecimiento perjudicado.

Con base en estos hechos, la juzgadora resolvió vincularlos a proceso por el delito de abuso de autoridad, figura que el Código Penal de Jalisco contempla cuando un servidor público ejecuta “cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución del Estado”.

Como medidas cautelares, los imputados deberán permanecer en el estado, evitar cualquier acercamiento con la víctima y presentarse a firmar mensualmente ante la autoridad correspondiente durante seis meses.