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Policías viales de Jalisco son vinculados a proceso por “mordida” tras fallo del Supremo Tribunal

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El Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco revocó la no vinculación de dos policías viales acusados de cohecho. Los oficiales Guillermo “N” y José de Jesús “N” enfrentarán proceso judicial y deberán cumplir medidas cautelares por seis meses.

GUADALAJARA, Jal., 20 de agosto de 2025.- Dos policías viales de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco fueron vinculados a proceso por el delito de cohecho, luego de que la Décima Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia revocara la resolución de no vinculación dictada en 2024.

Los oficiales Guillermo “N” y José de Jesús “N” enfrentan cargos por haber solicitado dinero de manera indebida a un ciudadano durante un operativo vial. En cumplimiento a lo ordenado por el Supremo Tribunal, el Juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Gustavo Jazmany Lepe Soltero, celebró audiencia en los Juzgados de Puente Grande, donde dictó medidas cautelares que estarán vigentes durante seis meses.

Entre las obligaciones impuestas a los imputados destacan:

  • Presentarse a firmar cada mes ante el órgano jurisdiccional.
  • No salir del estado sin autorización judicial.
  • Prohibición de acercarse, comunicarse o convivir con la víctima.

Antecedentes del caso

El proceso judicial inició el 19 de septiembre de 2024, cuando se llevó a cabo la primera audiencia. En esa ocasión, los imputados se acogieron al plazo constitucional y, días después, un juez resolvió no vincularlos a proceso. Ante esta decisión, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción interpuso un recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Supremo Tribunal, que revocó la resolución inicial y ordenó la imposición de medidas cautelares.

Los hechos que originaron la denuncia

El caso se remonta al 18 de enero de 2024, cuando un ciudadano fue detenido en el anillo Periférico de Guadalajara por los dos oficiales, quienes le informaron que la placa de su vehículo estaba vencida y que el automóvil sería enviado al corralón. Aunque el conductor tenía toda su documentación en regla, los policías le exigieron $2,550 pesos, supuestamente por el costo de la grúa.

Ante la negativa del ciudadano, los agentes retuvieron su identificación oficial y le pidieron conseguir el dinero, incluso dándole una cuenta bancaria para depositarlo. Minutos más tarde, los uniformados acudieron al domicilio de la víctima en busca del pago.

El afectado presentó denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación y, posteriormente, en el proceso judicial que ahora enfrentan los oficiales.

Con esta resolución, los policías viales continuarán bajo proceso mientras se desarrollan las audiencias correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos.

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