Dos elementos de Tránsito y Vialidad de Puerto Vallarta fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad, siendo suspendidos de sus cargos durante seis meses.
Puerto Vallarta, Jalisco. 12 de junio de 2023.- Dos agentes de Tránsito y Vialidad de Puerto Vallarta han sido vinculados a proceso por abuso de autoridad y delitos relacionados con la administración de justicia. Los agentes, identificados como Mónica Daniela “N” y José Manuel “N”, han sido suspendidos de sus cargos durante seis meses mientras se determina su situación jurídica.
La audiencia inicial tuvo lugar el 8 de junio en los juzgados del Octavo Distrito Judicial en Puerto Vallarta. Durante la cual, el Juez Miguel García Hernández resolvió vincular a proceso a los dos elementos de la subdirección de Tránsito y Vialidad de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta. Esta decisión se tomó después de una investigación realizada por la Agencia Regional de la Fiscalía Anticorrupción.
Mónica Daniela “N” y José Manuel “N” han sido acusados de cometer abuso de autoridad al realizar acciones que violan los derechos humanos garantizados por las constituciones políticas de México y de Jalisco, perjudicando a la víctima.
También se les imputan delitos relacionados con la administración de justicia y otros ramos del poder público, específicamente por realizar acciones u omisiones que causen daño o proporcionen una ventaja indebida a los interesados en un asunto y por promover la impunidad de delitos o infracciones de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, omitir denunciarlos o entorpecer su investigación.
Los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado, cuando una oficial de policía municipal fue agredida físicamente por una mujer y un hombre durante un operativo conocido como “moto” en la colonia Coapinole, en Puerto Vallarta. Mónica Daniela “N” y José Manuel “N”, quienes también participaban en el operativo, presenciaron la agresión y brindaron asistencia a su compañera. Luego, subieron a los agresores a su vehículo y consultaron a la víctima sobre cómo proceder.
La oficial agredida manifestó su intención de buscar atención médica para obtener un informe sobre sus lesiones y presentar una denuncia penal contra los agresores.
Uno de los policías solicitó el mando y conducción a la agencia del Ministerio Público, pero no informó que tenían personas detenidas, por lo que solo recibió instrucciones sobre cómo completar el Informe Policial Homologado (IPH). Posteriormente, presentaron a los dos agresores ante un juez municipal por una infracción administrativa.
La víctima acudió a los Servicios Médicos Municipales, donde se determinó que las lesiones requerirían más de 15 días para sanar. Sin embargo, sus agresores ya habían sido liberados, lo que llevó a la víctima a presentar una denuncia que fue investigada por la Agencia Regional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Puerto Vallarta.
Los elementos fueron suspendidos temporalmente de sus funciones durante un periodo de seis meses.
