“Rosario, no te preocupes”, le dijo el entonces presidente Enrique Peña Nieto a Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, señalada de usar programas sociales en supuestos desvíos con fines electorales.
Era abril de 2013. El señalamiento se convirtió, años después, en uno de los mayores escándalos del gobierno pasado. Se llamó La Estafa Maestra.
Ahora este martes un juez ordenó la prisión preventiva de la exfuncionaria, quien fue ingresada en la cárcel de Santa Marta en Ciudad de México.
Está acusada de participar en una red de corrupción que presuntamente desvió recursos públicos por 5.073 millones de pesos, unos US$263 millones.
Robles es el personaje de más alto nivel encarcelado por el caso, que involucra a varios de los principales colaboradores del expresidente Peña Nieto.
Uno de ellos es el excandidato presidencial José Antonio Meade, postulado por el partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien perdió la elección ante el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El proceso forma parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre presuntos desvíos en el presupuesto de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Según la FGR, la exfuncionaria supo que sus colaboradores asignaron de forma irregular decenas de contratos a universidades y empresas “fantasma”.
También la acusa de no haber hecho nada para impedir el desvío, ni tampoco informar al presidente. En sus comparecencias ante el juez, Robles aseguró que notificó de las irregularidades a Peña Nieto, así como a José Antonio Meade quien fue su sucesor en la Sedesol.
Los abogados de la exfuncionaria aseguran que su cliente es víctima de una “persecución política” del gobierno de López Obrador.
Este martes, el presidente dijo que será el juez quien determine el futuro de Robles.
“Es un logro el que no haya impunidad, que exista un auténtico Estado de Derecho, no como antes que era un ‘estado de cohecho'”, dijo.
Red de corrupción
La Estafa Maestra es el nombre de una investigación periodística realizada por el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Se publicó en 2017 y surgió a partir de un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el gasto del gobierno de Peña Nieto en 2013 y 2014.
La ASF es el órgano de la Cámara de Diputados responsable de auditar el uso del presupuesto federal en el país.
La Estafa Maestra documentó irregularidades en la asignación de contratos para servicios diversos en al menos once dependencias públicas.
Además de Sedesol, en la supuesta red de corrupción están involucradas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos (Pemex) entre otras.
En algunos casos, los contratos no se cumplieron o el presupuesto que se asignó era superior al costo real.
La investigación también estableció el uso de algunas universidades públicas para desviar recursos fiscales.
Las instituciones eran contratadas para hacer estudios e investigaciones que no se realizaban o se cobraba más dinero del costo real por el servicio.
El caso también involucró al exgobernador de Veracruz Javier Duarte, actualmente en prisión acusado de utilizar 128 empresas “fantasma” para desviar el presupuesto estatal.
En la última comparecencia ante el juez, los abogados de la ex secretaria solicitaron que se interrogue al ex presidente Peña Nieto.
Su objetivo es comprobar que realmente fue informado de las irregularidades cometidas en Sedesol y Sedatu. La petición no ha sido atendida.
Al ordenar la prisión preventiva contra Robles, el juez estableció un plazo de dos meses a la FGR para completar la investigación y presentar más pruebas al caso.
Mientras, la excolaboradora de Peña Nieto seguirá en prisión.