El peritaje señala que la bala que mató al homicida de Carlos Manzo fue disparada con el arma de uno de los escoltas del edil y no con la misma arma del homicida, como afirmaron las autoridades michoacanas.
La versión oficial sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que un peritaje balístico solicitado por la defensa de sus escoltas concluyera que en el ataque se utilizaron dos armas distintas, y no una sola, como sostiene la Fiscalía General de Michoacán.
De acuerdo con el dictamen elaborado por un criminalista privado, el disparo que mató al agresor del edil no provino del arma que éste utilizó para ejecutar el ataque, sino de la pistola de uno de los escoltas. Este hallazgo contradice directamente la postura de la fiscalía, encabezada por Carlos Torres, que ha insistido en que los siete disparos registrados el 1 de noviembre en la plaza de Uruapan salieron de una misma pistola calibre nueve milímetros.
Según la fiscalía, seis disparos fueron dirigidos contra Carlos Manzo y un séptimo contra el propio agresor, presuntamente con la misma arma Pietro Beretta con matrícula borrada que portaba el adolescente señalado como homicida. En esa versión, el escolta Demetrio de la Cruz habría utilizado dicha pistola para abatir al atacante.
Sin embargo, el análisis independiente revisó los siete casquillos recolectados por la autoridad ministerial menos de una hora después del crimen. Seis de ellos, de color gris y con la leyenda “Luger Mon”, fueron localizados en el área donde el alcalde fue herido y presentan una marca característica en forma de “C”, atribuida al arma del agresor.
El séptimo casquillo, de color dorado y con la leyenda “Águila”, fue encontrado en una jardinera donde los escoltas forcejearon con el homicida. Este indicio, identificado como número 9 por la fiscalía, presenta una marca distinta: un punto que coincide con la huella que deja el arma de cargo del escolta Demetrio de la Cruz, también calibre nueve milímetros. Esta comparación se sustenta en casquillos “testigo” obtenidos por la propia fiscalía al disparar dicha arma.
El abogado defensor, Gustavo Carreón, afirmó que esta diferencia demuestra que no se trató de una sola pistola y cuestionó públicamente la postura de la fiscalía. “Este casquillo marca ‘Águila’ no tiene la característica en forma de C que sí aparece en los otros”, señaló en entrevista.
La defensa presentó el peritaje como prueba ante el juez, en un contexto en el que los escoltas permanecen en prisión, acusados de haber sido omisos en la protección del alcalde. La fiscalía mantiene que no hay error en su investigación y ha desestimado el dictamen independiente.
El fiscal Carlos Torres declaró en conferencia de prensa que será el juez quien determine la validez de las pruebas y reiteró que, a su juicio, el agresor fue abatido con su propia arma. La defensa, en cambio, ha pedido que la autoridad justifique científicamente su versión.
Además del debate balístico, los abogados cuestionan la acusación de omisión, al señalar que una de las escoltas, Monserrat Hernández, resultó lesionada al intentar proteger al alcalde. El expediente médico refiere una “agresión con disparo de arma corta”, prueba que, según la defensa, no fue valorada por el juez.
También existe discrepancia sobre la forma en que se realizó la detención de los escoltas. Mientras la fiscalía aseguró que ocurrió mediante un operativo con fuerzas federales, la defensa sostiene que fue dentro de un recinto cultural, a donde acudieron voluntariamente y sin oponer resistencia.
De ser encontrados culpables de actuar con dolo, como plantea la fiscalía, los escoltas de Carlos Manzo podrían enfrentar condenas de entre 20 y 50 años de prisión.
