Las agentes de la Policía Vial, Olga Berenice y Erika Noemí, efectuaron un pago de 8 mil pesos por la reparación del daño a la víctima y 14 mil pesos al área de Cancerología Infantil del Hospital Civil de Guadalajara. Con estas acciones, obtuvieron la suspensión del proceso penal iniciado en su contra por el delito de cohecho.

Dos agentes de la Policía Vial de Jalisco, identificadas como Olga Berenice “N” y Erika Noemí “N”, recibieron la suspensión condicional del proceso que enfrentan por cohecho, luego de que un juez autorizara el plan de reparación del daño propuesto por su defensa.

La audiencia se realizó este martes en los juzgados de Puente Grande, donde el Juez Décimo Primero de Control y Oralidad, Christopher Daniel Márquez González, avaló que ambas servidoras públicas paguen $8,000 pesos a la víctima y un donativo conjunto de $14,000 pesos al área de Cancerología Infantil del Hospital Civil de Guadalajara. Este acuerdo forma parte de la reparación del daño tanto individual como social.

Como parte de las condiciones impuestas para los próximos seis meses, las imputadas deberán residir en un domicilio establecido, acreditar un curso de derechos humanos y firmar de manera periódica ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares.

El caso se originó en junio de 2024, cuando un motociclista y su esposa sufrieron un accidente con un taxi en el cruce de avenida Juan Pablo II y Rivas Guillén, en la colonia Oblatos. Las agentes acudieron al sitio para atender el percance y, al revisar los documentos, detectaron que el taxista tenía todo en regla, mientras que el motociclista no contaba con licencia ni seguro.

De acuerdo con la denuncia, las oficiales advirtieron que la motocicleta sería enviada al depósito vehicular, pero le ofrecieron evitar el procedimiento si entregaba $3,000 pesos. Pese a que la víctima pidió que actuaran conforme a la ley, las agentes insistieron hasta que accedió a entregar el dinero.

El afectado presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que derivó en una investigación y, posteriormente, en la vinculación a proceso dictada el 22 de octubre pasado. Con la suspensión condicional aprobada, el caso se mantendrá bajo supervisión judicial mientras las imputadas cumplen las medidas establecidas.