Tres elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco evitaron continuar su juicio tras cubrir una reparación del daño al pagar 75 mil pesos y comprometerse a cumplir medidas cautelares durante seis meses.
Guadalajara, Jalisco, 23 de octubre de 2025. — Tres elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco evitaron continuar el juicio penal que enfrentaban por abuso de autoridad, luego de que un juez aprobara la suspensión condicional del proceso a cambio de una reparación económica y el cumplimiento de medidas cautelares.
Durante la audiencia celebrada el 22 de octubre en los juzgados de Puente Grande, el Juez Noveno de Control y Oralidad, Jorge Antonio Nava Pérez, avaló el plan de reparación propuesto por la defensa de Cristian Alejandro “N”, Carlos Rodolfo “N” y Jacqueline Guadalupe “N”, quienes deberán pagar 30 mil pesos a la víctima y realizar un donativo de 45 mil pesos al área de Cancerología Infantil del Hospital Civil de Guadalajara.
Como parte de las condiciones impuestas, los policías deberán residir en un domicilio fijo, cursar un taller sobre derechos humanos y firmar periódicamente ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares durante los próximos seis meses.
El caso se originó en diciembre de 2022, cuando los agentes reportaron la detención de una persona en un deshuesadero de autopartes en la colonia La Esperanza, en Zapopan. En su Informe Policial Homologado (IPH) afirmaron que el detenido caminaba apresuradamente por la calle y portaba un cuchillo, dinero y una computadora portátil.
Sin embargo, durante la audiencia inicial, la defensa del implicado demostró que los hechos ocurrieron de forma distinta: la persona fue sometida dentro del establecimiento por los dueños del negocio y los objetos asegurados no fueron encontrados en la revisión que reportaron los agentes.
Ante las inconsistencias, el juez de control ordenó dar vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que inició una investigación y presentó cargos contra los tres uniformados, quienes fueron vinculados a proceso en abril de 2024.
Con la suspensión condicional otorgada, el procedimiento quedará en pausa mientras los implicados cumplan las medidas y los pagos acordados; en caso de hacerlo, el proceso podría extinguirse de manera definitiva.
