Dos policías viales de Puerto Vallarta y uno de Cabo Corrientes pagarán un total de $52,000 pesos como parte de la suspensión condicional de sus procesos por abuso de autoridad y cohecho.
Tres policías viales, dos de Puerto Vallarta y uno de Cabo Corrientes, obtuvieron la suspensión condicional de sus procesos tras acordar el pago de un total de $52,000 pesos para reparar el daño a las víctimas y a la sociedad. Las audiencias se realizaron por separado en los juzgados de Puerto Vallarta.
En un caso, las policías viales de Puerto Vallarta, Ángeles Margarita “N” y Natalia “N”, lograron la suspensión de su proceso por abuso de autoridad y cohecho. Ambas pagarán $44,000 pesos. De este monto, $28,000 pesos serán para tres víctimas afectadas: $20,800 pesos para la primera, $5,200 pesos para la segunda y $2,000 pesos para la tercera. Los restantes $16,000 pesos se destinarán a la asociación civil Centro de Apoyo a Niños con Cáncer (Canica) de Puerto Vallarta. Adicionalmente, deberán residir en sus domicilios actuales, evitar acercarse a las víctimas y acreditar un curso de derechos humanos y ética durante los próximos seis meses.
El incidente por el que se les imputó ocurrió el 23 de septiembre de 2023, cuando las agentes detuvieron a un conductor y sus acompañantes. Tras negarse a pagar $5,000 pesos para evitar una infracción, las policías, con el apoyo de otro elemento, agredieron física y verbalmente a los ocupantes del vehículo. Una de las víctimas denunció los hechos en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que llevó a la vinculación a proceso de ambas policías el 27 de enero de 2025.
En el segundo caso, Brayan David “N”, policía vial de la Comisaría de Seguridad Pública de Cabo Corrientes, también obtuvo la suspensión condicional de su proceso. Este elemento estaba vinculado por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público. Como parte del acuerdo, Brayan David “N” donará $8,000 pesos al Refugio Infantil Santa Esperanza de Puerto Vallarta. Las víctimas de este caso ya habían recibido la reparación por los daños a sus vehículos. Durante los próximos seis meses, el policía deberá residir en su domicilio, evitar los lugares frecuentados por las víctimas y cursar una capacitación en derechos humanos y ética profesional.
El caso de Brayan David “N” se originó en febrero de 2024, cuando, tras un accidente automovilístico en Cabo Corrientes, solicitó una grúa para trasladar vehículos a un depósito sin llenar el folio de infracción. Además, ordenó que los dos autos fueran remolcados simultáneamente por la misma grúa, lo que causó daños a los automotores. Una de las víctimas denunció el hecho, lo que llevó a la vinculación a proceso del policía.
